Según aumentaba el número de cooperantes que se iban animando a reclamar sus derechos, el número de administraciones de Hacienda con las que entramos en contacto también iba en aumento. Con el paso del tiempo fuimos constatando que en algunas administraciones no estaba claro que la exención fuese aplicable a los trabajadores del tercer sector. Por eso, decidimos reforzar nuestra posición con informes externos, avalados por expertos universitarios.
Por otro lado, éste despacho ha elaborado dos documentos que han servido para informar didácticamente sobre ésta problemática.
Abordamos el informe universitario con el encargo a los Profesores de Derecho Financiero y Tributario, Pablo Chico de la Cámara y Mercedes Ruiz Garijo, de la Universidad Rey Juan Carlos. Ese documento, al que podéis acceder en ésta Web, reafirma la aplicación del artículo 7p. al mundo de la cooperación, y confirma la duda sobre la constitucionalidad de la nueva redacción que se da a éste artículo a partir del 1 de enero de 2007.
Este documento está siendo distribuido por aquellas administraciones que no tienen claro el sentido de la ley, ha sido enviado a la Secretaría de Estado de Cooperación y distribuido entre los partidos políticos. Creemos que además de reconocer el derecho a la exención en los años 2003-2007, también puede ser útil en la que parece va a ser una larga lucha contra una norma en la que todavía quedan aspectos por aclarar.
Si quieres conocer más sobre estos informes puedes verlos en ésta web.